Enero febrero 2008
A Nuestros Lectores
A catorce años de haber entrado en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México, los Estados Unidos y Canadá, los saldos son económicamente positivos para nuestro país, por más que la balanza del sector agropecuario siga siendo desfavorable. En este periodo el producto interno bruto (PIB) agropecuario creció a una tasa promedio anual del doble que en toda la década anterior. Productos como las hortalizas y otros en los que tenemos ventajas competitivas han multiplicado sus exportaciones, y aun la producción de maíz se ha incrementado sustancialmente.
El caso de este grano es especialmente delicado por ser nuestra base tradicional de alimentación. No tendría por qué haber un desajuste derivado del TLC, ya que el maíz blanco, que es aquel que utilizamos para la nutrición humana, no lo producen nuestros socios del norte más que en cantidades muy marginales. En cuanto al maíz amarillo, los Estados Unidos son el mayor productor mundial; el hecho de que ese país subsidie la producción de granos ha favorecido, sin proponérselo, a los avicultores y ganaderos mexicanos al poner a su disposición grandes volúmenes a precios competitivos.
Los precios de los alimentos han iniciado desde hace más de un año una escalada considerable, pero esto es un fenómeno mundial que está ligado al incremento en la demanda de los cereales, originada a su vez en su creciente consumo en naciones tan pobladas como China y la India, y en su nuevo uso en la elaboración de combustibles. La revalorización de los granos, por otro lado, beneficiará a los campesinos mexicanos al darles una mejor remuneración por su trabajo.
La pobreza del campo mexicano tiene raíces ajenas al TLC. No sólo es muy anterior, sino que responde no a condiciones de comercio, como las que caracterizan al Tratado, sino a conveniencias políticas. La divisa revolucionara de que “la tierra es de quien la trabaja” fue traicionada con la institución del ejido, en donde los campesinos no eran realmente dueños, sino “administradores” de un bien nacional; aun con las reformas recientes, los ejidatarios no pueden vender las tierras supuestamente suyas sin el permiso de sus vecinos y del control político llamado comisariado ejidal. Como las parcelas siguen siendo inenajenables, estos campesinos no son sujetos del crédito comercial y tienen que conformarse con lo que la banca oficial quiera otorgarles y aceptar sus condiciones. El paternalismo se ha modificado un poco, pero se niega a desaparecer.
En este marco es difícil pedirle a un acuerdo comercial como el TLC que traiga bonanza a los campesinos pobres. Lo que ha puesto aún más en claro es que estos campesinos siguen cargando con la pesada losa de la tutela gubernamental y la imperiosa necesidad de deshacerse de ella para que puedan prosperar e incorporarse al México moderno.
Las ruidosas protestas contra el TLC por parte de los grupos que dicen representar a los campesinos, en este contexto, nada tiene que ver tampoco con la realidad comercial. Ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos sobre qué es lo que quieren renegociar concretamente. Más aún, dicen al mismo tiempo que debido al TLC los granos van a ser más caros y ello se traducirá en más hambre, y, paradójicamente, que la competencia hará bajar su precio para volver más miserables a los productores.
Lo que en realidad buscan estos grupos --los tradicionales afiliados al PRI y otros nuevos creados por el PRD-- es presionar al gobierno federal a modificar las reglas de operación de los programas de apoyo destinados al campo, de las cuales han quedado cada vez más excluidos. Si dichos apoyos llegan directamente a los productores, esos grupos perderán su principal fuente de ingresos y poder. Por eso es necesario que las autoridades se mantengan firmes y no permitan ser extorsionadas. El primer paso para hacer de nuestros campesinos los agentes de su propio progreso es quitarles de encima la carga de sus supuestos redentores.
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