En el caso de la caña de azúcar en el país, se producen 5 millones de toneladas al año en 700 mil hectáreas, de esta cantidad se exportan 947 mil toneladas, así que la producción alcanza para el consumo interno.

Sin embargo, en ambos casos la producción a nivel industrial se ha visto expuesta a conflictos por precio, por calidad de vida de los campesinos que trabajan la tierra, por inversión para modernizar las técnicas de producción o para mantenimiento y en especial por la diferencia de intereses entre agricultores y gobierno o entre empresarios y trabajadores cañeros; el abandono del campo por falta de apoyo para su explotación no es novedad, como tampoco las constantes quejas y huelgas en los ingenios cañeros.

La realidad que ha permeado en México con respecto a la producción de los alimentos primarios es de constantes ajustes, programas y apoyos desde hace veinte años, sin lograr un crecimiento gradual hacia objetivos claros.

Ahora la realidad ha empujado al gobierno a tomar decisiones no tanto para mejorar las condiciones de vida de la gente o aprovechar las bondades del campo en México para ser más productivo per se, (si no ya lo hubieran hecho antes) más bien para no quedar rezagados ante un entorno mundial que exige preocuparse por el medio ambiente y afrontar la transición energética de combustibles fósiles a biológicos, con la correspondiente atracción económica que representa la producción de etanol con base en maíz y/o caña de azúcar.

En diciembre de 2007 se aprobó la Ley de Promoción y Desarrollo de Bioenergéticos con la que el gobierno se comprometió a presentar en enero el proyecto nacional para la elaboración de etanol en el país. Pero como este es un tema que viene discutiéndose desde varios años atrás, el gobierno del sexenio pasado inauguró ya en Sinaloa la construcción de la primera planta de etanol de una empresa que a pesar de ser una de las principales productoras de azúcar en el país, realizará la producción de etanol con maíz para vender su producción a un precio adecuado al mercado mundial, pues por el momento el decreto cañero y la propiedad de la tierra en manos de los ejidatarios impiden bajar los costos de producción para competir con los bajos precios de la caña que ofrece Brasil. La producción estimada en 75 millones de galones la venderán a Estados Unidos. Mientras que el gobierno de Sinaloa ya tiene planeada la construcción de 10 plantas más para producir etanol.

Otros que están incursionando en la generación de fuentes alternativas de energía son las instituciones académicas como el Tecnológico de Monterrey en donde su transporte interno se ha puesto en marcha con el biodiesel que obtienen de desechos agrícolas. Un ejemplo más es el de la empresa Biodiesel Industries que ha propuesto un proyecto para instalar diez plantas de biocombustible en diez estados de la República.

Es así como se ha comenzado a participar en el mercado floreciente de la producción de etanol. A sabiendas del gobierno pero sin su control total, hay focos parpadeando en este territorio que cada vez más será codiciable para los inversionistas extranjeros.

El próximo año hablará el Presidente de la República sobre el tema con mayor precisión, por lo pronto un buen respaldo es el estudio realizado por la Secretaría de Economía en el que se recomienda un programa de introducción gradual del etanol si se toma en cuenta la caña de azúcar como base de su producción, la infraestructura requeriría inversiones no extremadamente costosas para aumentar la producción y realizar modificaciones a los ingenios para el proceso de destilación.

Pero es especialmente significativo reconocer que buena parte del rezago agroindustrial en México es producto de la falta de acuerdos, diversidad de intereses y voluntad.