Noviembre - diciembre 2009
A Nuestros Lectores
Comentábamos en nuestra edición anterior que una de las primeras misiones del nuevo secretario de Agricultura, Francisco Mayorga, sería defender el proyecto de presupuesto del sector para 2010 enviado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados. Pues bien, si en efecto lo hizo falló rotundamente, y qué bueno. La Presidencia había propuesto que el presupuesto de la Sagarpa fuera de sólo 60,785 millones de pesos, cifra muy inferior a los 70,705 millones aprobados para el ejercicio 2009. Finalmente, por la presión de los diputados del PRI y en especial los de la CNC, se autorizaron 73,368 millones. Del mismo modo, el monto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) pasó de los casi 238 mil millones propuestos por el Ejecutivo a casi 269 mil autorizados por el Legislativo.
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No podemos aplaudir así nada más a los diputados tricolores en general y a los “campesinos” en particular, ya que sus intenciones resultan sospechosas (hicieron aprobar, entre otras cosas, una serie de modificaciones destinadas a que los gobernadores --la mayoría controlados por su partido-- tengan más recursos a su disposición y puedan actuar más discrecionalmente en el ejercicio del gasto).
Sin embargo, debe reconocerse que se logró el objetivo de frustrar los aberrantes designios del Ejecutivo federal de recortar en fuerte medida los recursos destinados al campo.
En cuanto al programa de adquisición de activos productivos, dentro del cual se halla el subsidio para la compra de animales reproductores, el presupuesto pasó de 1,954 millones de pesos en 2009 a 2,553 millones en 2010. Cabe notar que en todos los casos señalados se aprobaron incrementos muy por encima de la inflación de 2009, que se calcula estará en 5% y 5.5%.
Otro aspecto digno de reconocer son las modificaciones a las llamadas “reglas de operación” que rigen la asignación y ejercicio de los recursos para los programas de apoyo. Por principio, ahora dichas reglas “deberán ser simples y de fácil acceso para los beneficiarios”; también “se procurará que la ejecución de las acciones correspondientes a los programas federales que por su naturaleza así lo permitan, sea desarrollada por los órdenes de gobierno más cercanos a la población, debiendo reducir al mínimo indispensable los gastos administrativos y de operación del programa respectivo”, y en general se prevé que el gasto de los programas sea ejercido en tiempo y forma así como con total transparencia.
Queda pendiente, sin embargo, hacer un análisis a fondo de los subsidios que se están otorgando, pues no basta con que se paguen con oportunidad y sean ejercidos honestamente. Ya hemos hablado en estas páginas de la necesidad de que los programas tengan objetivos claros, pues de otra manera pueden resultar económicamente irracionales, cuando no contraproducentes. Se acaba de dar a conocer el “Estudio sobre políticas públicas para el sector rural de México” realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a petición de la Secretaría de Hacienda. Aunque los datos se levantaron en 2007, nos parece que las conclusiones siguen vigentes: el PEC presenta duplicidad de programas, cubren con un solo instrumento varios objetivos y compiten entre sí, distorsionando los resultados. “Para contar con una política coherente y ética --dice el estudio-- es crítico tener una definición clara de objetivos y un instrumento para cada uno; no puede usarse el mismo para todo; esto lleva a ineficiencias y desperdicio de recursos con efectos no esperados o contradictorios”.
Como siempre en nuestro último número del año, aprovechamos para desear a nuestros lectores, anunciantes y amigos una feliz Navidad y mucha suerte y salud para el venidero.
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